Estos días seguimos hablando de las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido para acordar un tratado comercial que satisfaga a ambas partes y se encargue de regular las relaciones comerciales entre el bloque y las islas a partir de enero del 2021. Esta semana está previsto volver a realizar una ronda de reuniones. Parecen avanzar poco, hay pocas expectativas de llegar a algún tipo de acuerdo, pero en este proceso se puede esperar cualquier cosa.
The Grocer se hacía eco de un informe del gobierno británico sobre el coste de la reintroducción de las inspecciones fronterizas para los productos que se importen de la Unión Europea, y reflexionan sobre quién va a pagar esto. Según el gobierno, las declaraciones van a suponer un coste de £7.000 millones, para todo tipo de productos además de los alimentarios, además de una tarifa media del 20% que se aplicaría en caso de no llegar a ningún acuerdo.
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Según The Grocer, la mayoría de acuerdos de compra que tienen los supermercados con los proveedores, el precio acordado es por el producto puesto en los almacenes del supermercado, por lo que es el proveedor el que tiene que cubrir estos nuevos costes. Este incremento de costes puede suponer que muchas operaciones no sean viables económicamente, dado lo ajustados que están los márgenes en algunos casos. De esta forma, se protege a los compradores británicos, que no sufrirían un aumento de precios en los productos que compran en los supermercados, pero a medida que se negocien los nuevos contratos o los proveedores dejen de vender al mercado británico porque no les interese, las subidas de precios parecen inevitables. Además, queda por ver cómo reaccionará el mercado de divisas tras completarse la última fase del Brexit, si la libra se devalúa sería otro golpe a la rentabilidad de las empresas que venden aquí.
No es una cuestión de poca importancia. Cada año el Reino Unido importa alimentos de la UE por valor de £30.000 millones. Es como si todos los productos de alimentación del principal supermercado del país, Tesco, vinieran de la Unión Europea. Solamente el aumento de precios que supondrá la tarifa aplicable en caso de no llegar a un acuerdo serían £6.000 millones más, a lo que habría que sumar la parte del coste de las declaraciones aduaneras, además del coste de los retrasos por esperas en la inspección, incremento de los costes logísticos, etc.